I. INTRODUCCIÓN

Cuando en el mundo repercutían los ecos de la crisis económica, la paz social global se ponía en entredicho, y tensiones y luchas en distintos escenarios iban advirtiendo a sociedades y dirigentes la posibilidad de contiendas mayúsculas, en el sur de América se gestó un conflicto de gran magnitud, originado en la disputa entre Bolivia y Paraguay para dilucidar la soberanía sobre el Chaco Boreal. Pese a que los países vecinos, el gobierno de Washington y la Sociedad de las Naciones prestaron especial atención al contencioso chaquense, mediando sin éxito para intentar su superación, el enfrentamiento militar se desencadenó en junio de 1932, cobrando la vida de decenas de miles de combatientes.

Declarado por Paraguay el estado de guerra con Bolivia, después de haber existido de hecho por cerca de un año, el gobierno del general Agustín Justo, en acuerdo general de ministros, decretó el 13 de mayo de 1933 la neutralidad argentina. Desarrolladas acciones militares casi exclusivamente en la parte sur del Chaco Boreal, territorio lindante con la República Argentina -fuera de sendos ataques aéreos de fuerzas bolivianas sobre Bahía Negra y sobre Puerto Casado, ambos en la margen derecha del río Paraguay- cantidad de incidentes fronterizos se sucedieron. A ello se sumaron los canjes humanitarios concertados de prisioneros mutilados, heridos y enfermos, siendo los bolivianos entregados en Formosa y los paraguayos en Embarcación, provincia de Salta, para el posterior traslado a sus países (Ruiz Moreno, 1934)[1].

En cruenta lucha, Paraguay avanzó triunfante por la árida planicie, aunque después que sus soldados alcanzaron el límite histórico del Chaco reclamado por los gobiernos de Asunción, al pretender seguir la marcha a Santa Cruz de la Sierra, fueron detenidos por la tenaz defensa boliviana de la ciudad de Villa Montes, en zona de serranías. Movimientos militares que no concluían de forma contundente abrieron el tiempo del cese de las hostilidades y de una mediación más efectiva.

La historiografía ha adelantado mucho sobre los orígenes del conflicto, pero más aún sobre la guerra y la posterior conferencia interamericana que se extendió a partir de la firma del protocolo de paz entre Bolivia y Paraguay en junio de 1935 hasta enero de 1939. Desde lo publicado acerca de los acontecimientos, múltiples memorias y análisis de protagonistas y observadores que no cesan de editarse al compás del descubrimiento de fondos documentales o fotográficos, la vasta producción de historiadores bolivianos y paraguayos, la de europeos y norteamericanos que descubren otro exótico conflicto de los años ´30 y bucean en él con medios, curiosidad y profesionalismo, contribuciones más recientes pero que se han vuelto clásicas[2], la incidencia de factores militares (Jeffs Castro, 2004; Gordim da Silveira, 2009; Dalla-Corte Caballero, 2014; da Silva Rodrigues, 2019), abordajes más como los que tienen en cuenta a los grupos aborígenes (Figallo, 2003; Capdevila, Luc-Combès, Richard y Barbosa, 2010; Richard, 2008; Langer, 2016; Chazal, 2017); o los que exploran las ayudas a los beligerantes o los casos de espionajes (Pignatelli, 2011; Mejillones Quispe, 2017), hasta la creciente atención sobre la participación mediadora de instituciones internacionales (Korableva, 2009; Borba Vargas, 2017; Herrera León, 2016) y gobiernos[3]. Aun así -o por eso mismo- y aunque pueda parecer utópico, se echa en falta una obra abarcadora de las varias dimensiones de la guerra, de sus causas y de la paz, que recoja lo avanzado en conocimiento histórico a la fecha. Incluso ello reviste una necesidad pedagógica para generaciones de sudamericanos del presente y del futuro. Para los investigadores de la zona, la urgente y mandatoria obligación por producir papers y artículos conspira contra un emprendimiento de tal enjundia, a lo que se suman otros intereses historiográficos que se privilegian más que los avatares guerreros, diplomáticos o geopolíticos, las cíclicas pero persistentes restricciones de ayudas de investigación, indispensables para campañas de recopilación de documentos, en este caso, por repositorios bolivianos y paraguayos y de los países mediadores, por lo menos. Advertido el escaso espacio para explayarse o cierta falta de diálogo con aportes consolidados sobre la cuestión -desconocimientos que en tiempos de accesos abiertos y búsquedas por la web no debieran ocurrir-, la empresa no es menor, siendo tantos los repertorios documentales posibles aún de ser consultados[4] , y tan necesaria la tarea crítica. Este artículo no escapa a estas observaciones: apenas se propone profundizar en los factores geopolíticos y las preocupaciones estratégicas -expresadas por funcionarios gubernamentales, diplomáticos y militares[5] condicionados por lobbys y grupos de presión transnacionales y nacionales- que contribuyen a explicar la posición y los manejos de la Argentina en momentos de guerra, de mediación y de pacificación en el Chaco, y la confrontación de intereses interamericanos a que dio lugar. Lo hace acudiendo a una selección de documentos de archivos poco consultados de Argentina, Uruguay, Estados Unidos, y en particular de los papeles públicos y privados de León Scasso, marino argentino de señalada actuación profesional y política entre los años 1920 y 1950, resguardados en el Departamento de Estudios Históricos Navales de Buenos Aires, así como a prensa y documentos fotográficos. Tanto como ello, el artículo pretende reseñar lo más significativo de la producción de las últimas décadas sobre lo ampliamente denominado cuestión del Chaco; así que esta contribución es de aquellas que se leen a doble banda: la del texto histórico en sí, y la de las citas que lo argumentan, validan e incitan a seguir investigando.

II. DEPONER LAS ARMAS EN SUDAMÉRICA

A la región convenía contribuir a apagar aquel foco bélico en el núcleo desértico del Cono Sur, y evitar que las convulsiones sociales y políticas se expandieran. Ello se alineaba con las previsiones norteamericanas y británicas, que temían por el abastecimiento del estaño boliviano para fines industriales y por la seguridad de sus empresas en Bolivia y Paraguay. Estrategia, argucia o necesidad, desde Washington se veía la conveniencia de que Argentina asumiera la mayor responsabilidad para arribar a un acuerdo (Rout, 1970, 192-193)[6], pues se había visto que cualquier mediación exitosa dependía en gran parte de su cooperación (Brezzo y Figallo, 1999, 292). 

La capital argentina tenía amplios antecedentes para ser sede de las conversaciones de paz, desde la propuesta de mediación del canciller Estanislao Zeballos de 1907 y la firma del convenio Pinillas-Soler hasta las conferencias realizadas durante el gobierno de Marcelo T. de Alvear, ejerciendo una suerte de liderazgo natural para intentar arbitrar entre Bolivia y Paraguay por la cuestión del Chaco. Brasil avaló la radicación de la reunión, a la par que impulsó la participación de Uruguay y Estados Unidos en el grupo[7]. Luego que el 9 de mayo se constituyera el grupo mediador y mientras se fueron sumando los delegados de Brasil, Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, se envió un telegrama a los gobiernos beligerantes convocando a Buenos Aires a sus ministros de Relaciones Exteriores. El objetivo era obtener el cese de hostilidades, y tras ello, el desarme de los ejércitos, la demarcación de límites, la reparación y el otorgamiento de posibilidades de recuperación económica a quienes se consideraban militarmente ganadores y a quienes no se sentían totalmente vencidos. Por los mismos días, Getúlio Vargas, retribuyendo la visita de 1933 de Justo a Brasil, asistió al 125 aniversario de la Revolución de Mayo. El porteño recibimiento del mandatario gaúcho -que había residido en Buenos Aires en su juventud (Passero, 2003, 14)- fue multitudinaria, y los resultados, apreciables: desde el impulso de la construcción del puente binacional sobre el río Uruguay entre la provincia de Corrientes y el estado de Rio Grande do Sul[8], hasta un mayor conocimiento de la Argentina en Brasil, pues integraba la comitiva una nutrida representación de intelectuales que volcaron sus impresiones en publicaciones y en la prensa. El escritor brasileño Jorge Amado, enviado del diario carioca A Manhã para cubrir la visita oficial, afirmaría que en “Buenos Aires, se discute toda América” (Passero, 2003, 16).

La ciudad capital se unió a la expectación y luego a las celebraciones. Después de las discusiones mantenidas en los despachos ministeriales e incluso en la embajada del Brasil, pasado el mediodía del 12 de junio, con la presencia del general Justo, sus ministros, los cancilleres de Bolivia Tomás Manuel Elío y Paraguay Luis A. Riart, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil José Carlos de Macedo Soares, se firmó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno el protocolo. Llevaba las firmas de Elío, Riart, Saavedra Lamas, Macedo Soares, y los embajadores acreditados en Buenos Aires, brasileño J. B. de Andrade y Silva, chileno Luis Alberto Cariola,  estadounidense Alexander Weddell, peruano Luis Barrera Laos y uruguayo Eugenio Martínez Thedy. Los participantes se asomaron a los balcones de la Plaza de Mayo para saludar a la multitud que se había congregado para celebrar la paz[9] y cantaba el himno nacional argentino, declarado el asueto laboral -como se hizo también en Brasil, Chile y Perú. Mientras el gobierno agasajaba con banquetes a los diplomáticos y se organizaban bailes populares, en la catedral y las principales iglesias porteñas se celebraron misas de acción de gracias y se convocaron manifestaciones en distintas ciudades del interior del país.

El canciller argentino Carlos Saavedra Lamas tomó la dirección de las gestiones (Peterson, 1985, 111)[10]. Un texto aparte merecerían las razones y el calado de rivalidades y antagonismos que se generaron durante su presidencia de la conferencia[11]. Raymond Cox, primer secretario de la embajada norteamericana en Buenos Aires, informaría que a pesar de antipatías e impopularidades, de su vanidad e inteligencia errática, su gestión no había hecho más que incrementar su “incuestionable prestigio” y el de la Argentina (Mayo y García Molina, 1999, 163)[12]. En el centro de la envidia -pesar del bien ajeno- de algunos argentinos y extranjeros, estuvo el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz en noviembre de 1936, el primero concedido a un latinoamericano y de habla española, “tan importante para el prestigio argentino”[13]. Reforzada que su postulación había sido por el respaldo boliviano y paraguayo y la anuencia de Washington[1], la presidencia del canciller argentino de la 17ª Asamblea de la Sociedad de las Naciones que tuvo lugar en Ginebra en septiembre lo situó en un lugar central de la política internacional[15]. A Saavedra Lamas no le faltaban antecedentes en ese foro[16]. Durante la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, en 1928, había presidido allí la Undécima Conferencia Internacional del Trabajo, asamblea anual convocada por la O.I.T. (Organización Internacional del Trabajo), presentando una propuesta de Código Nacional del Trabajo (Ferreras, 2008, 7). En la estancia de 1936 negoció con la delegación de la II República española la salida de los refugiados amparados por las representaciones argentinas como consecuencia del estallido de la guerra civil (Figallo, 2007, 103-7), defendió los criterios jurídicos del derecho de asilo, se interesó por desarmar el conflicto ítalo-etíope y procuró la universalización de su “Pacto de no agresión y conciliación” firmado en Río de Janeiro en 1933 -también conocido como Tratado Antibélico Sudamericano- producto de la “aspiración argentina de afianzar la paz en el continente americano, perturbada por el conflicto del Chaco”[17]. Es decir, aunque se suele ligar el Premio exclusivamente a la pacificación de la guerra del Chaco, las razones lo excedieron. Si bien la noticia se dio el 24 de noviembre, tras que Saavedra Lamas visitara oficialmente París y Londres de regreso de Ginebra, el canciller no volvería a viajar a Europa para recibir el premio en Oslo, aduciendo sus responsabilidades ministeriales y sus gestiones pacificadoras por el Chaco. La medalla de oro y el diploma del premio le fueron entregados en junio de 1937 en su residencia porteña, con una concurrencia extraordinaria, que incluía el cuerpo diplomático acreditado y los miembros de la Conferencia de Paz, de manos del enviado especial y ministro plenipotenciario de Noruega, Rolf Andvord. Argumentando que el Comité estudiaba minuciosamente las labores de “una vida individual, llegando hasta los más obscuros afanes que caracterizan la vocación de una existencia, en el orden privado, universitario y gubernamental”, declaraba a la prensa que se complacía en recibir el premio “en mi ambiente privado y familiar”. Saavedra Lamas enfatizó en su discurso de recepción que el “el Premio se otorga con un carácter personal, desde las bases de su creación”. De alguna manera, era una respuesta a quienes celaron del premio, alusión que a más de uno debe haber enojado aún más. En el acto, Saavedra Lamas manifestó su decisión de ser

en este continente, un soldado de la paz; que estaré siempre dispuesto a luchar por el imperio de la justicia y del derecho, por el respeto de los grandes a los pequeños estados, por el desarrollo de una mayor justicia social, por el aprendizaje y el acatamiento de las instituciones.[18]

Al quedar instalada la Conferencia, los miembros natos que eran los diplomáticos de los países mediadores y beligerantes y sus asesores tuvieron ocasión de interactuar asiduamente. Más allá de desconfianzas y prevenciones, de inevitables reemplazos de delegados, evitar la reanudación de la guerra fue un logro importante, aplaudido desde Washington, que frente a la situación europea contaba con América del Sur como una importante fuente de reserva de materiales estratégicos. Así lo había dejado ver al nombrar como delegado a Spruille Braden para acompañar las labores de Weddell[19]. Hijo de William Braden, el “rey del cobre”, personaje clave en el desarrollo de la minería chilena[20], cuyos emprendimientos se habían extendido hacia explotaciones petrolíferas en Bolivia, afirmaría que su designación en octubre de 1935 se debió a una recomendación del subsecretario de Estado Sumner Welles[21], quien lo consideraba un conocedor de los modos y procedimientos de los latinoamericanos. Aún en plenas negociaciones pacificadoras The New York Times lo nombraba como Financier. Limitado el desempeño de Weddell, Braden asumió una activa intervención en las negociaciones, por ejemplo respecto del canje de prisioneros, que lo medirían con Saavedra Lamas[22]. La animadversión que se gestó entre el canciller argentino y el delegado norteamericano no sería la única: el entonces jefe del Estado Mayor General de la Armada León Scasso[23], nombrado asesor técnico de la conferencia pacificadora en 1935[24], consideraba que a Braden sus “propios intereses en Chile lo hacían parte en la cuestión”, induciendo soluciones sólo favorables para la conveniencia económica de Estados Unidos, cuyo mayor propósito era beneficiarse de la riqueza boliviana[25].

El Brasil de Vargas también se preocupó por conformar una delegación de experiencia, nombrando a José de Paula Rodrigues Alves, diplomático de carrera, ex embajador en Chile y “fino conocedor del asunto del Chaco” (Reyes, 2001, 249).

Pero Buenos Aires no sólo fue epicentro de las morosas discusiones por la situación del Chaco, empeoradas por los golpes militares en febrero en Paraguay y en mayo de 1936 en Bolivia. Aquel largo cónclave se superpuso con otra conferencia interamericana, la extraordinaria destinada a la Consolidación de la Paz, que para más conllevó la visita del presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, quién arribó la última semana de noviembre. A pocos días de ser anoticiado de su premio Nobel, Saavedra Lamas tenía objetivas razones para sentirse validado por la comunidad internacional y ser un orgulloso anfitrión. El impulso a su realización en Buenos Aires parecía ser fruto de las renovadas intenciones de Roosevelt y de su secretario de Estado Cordell Hull, de hacer intervenir preventivamente a los Estados Unidos en el devenir y en las decisiones de la política internacional[26] , que incluían a la región y buscaban ofrecer y establecer medios para que no se repitieran guerras en el continente -como la del Chaco[27]. Justo consideró beneficiosa la convocatoria, declaró a la prensa que se trataba de “una meditación común entre los países de América” en razón de la “hora obscura del mundo, llena de incertidumbre para su estabilidad y para el imperio efectivo de la moral internacional”. Mientras Caras y Caretas reproducía las palabras del presidente norteamericano calificando a Buenos Aires como “la capital de la paz”[28], Noticias Gráficas afirmaba que Roosevelt había llegado cuando más era necesitado, en momentos en que la sociedad había sido empujada a creer que el sistema democrático había fallado y era preciso elegir entre el fascismo y el comunismo (Welles,  1997, 192)[29]. El encuentro interamericano tampoco estuvo exento de discusiones entre los protagonistas. Numerosos historiadores han señalado que la Argentina renovó su tradicional resistencia al establecimiento del sistema de poder de Estados Unidos en el subcontinente[30], en un contexto de defensa de los productores rurales argentinos, de disputas de mercados y de espacios de influencia regional, exacerbados por las consecuencias de la crisis de 1929. Saavedra Lamas se empeñó en esquivar decisiones conjuntas que significaran la escisión de América Latina y Europa en distintas esferas de actuación, o la aceptación de liderazgos hemisféricos -vinieran de los Estados Unidos o del Brasil. En las discusiones protagonizadas por los delegados Hull, Welles -de las que también formó parte Braden-, Macedo Soares, Oswaldo Aranha, la Argentina de Saavedra Lamas expresó su opinión independiente más ligada a los preceptos universalistas de la Sociedad de Naciones, mientras Brasil dejó oír voces cercanas a las posiciones de Estados Unidos. Tras confesar Macedo Soares que “estivemos a pique de fracassar” en las propuestas norteamericanas de convenciones sobre mantenimiento de la paz y neutralidad, señalaba la “integral intransigencia de Saavedra Lamas, que chegou a declarar a Cordell Hull que não lhe interessavam os proyectos dos Estados Unidos, que tinham em vista fazer reviver a doctrina de Monroe” (Moreyra, Diniz-Brancato, Lubisco, 2003, p. 41). A su vez, el futuro canciller de Vargas, Aranha diría: “choque Hull-Lamas só podia aumentar o prestigio do Brasil junto ao gobernó Roosevelt… Esta gente chegou à convicção definitiva de que só há um ponto firme para sua política: o Brasil” (Hilton, 1994, 241)[31].

El ring diplomático porteño ya sumaba muchos ingredientes para las relaciones interamericanas, que incidieron en el pulso de la Conferencia de Paz del Chaco, que seguía su propio curso.

III. LOS ANTIGUOS INTERESES ARGENTINOS POR BOLIVIA: INTENCIONES Y PROYECTOS

El gobierno de La Paz fue adquiriendo conciencia de que la vinculación de Paraguay a la economía argentina había constituido un factor contraproducente para Bolivia que no contó con el apoyo político y el aprovisionamiento de recursos para sus Fuerzas Armadas durante la guerra (Ostria Gutiérrez, 1946, 17; Brezzo y Figallo, 1999, 339), a pesar de la neutralidad declarada por las naciones vecinas. Después de la guerra de la Triple Alianza (1864-1870), mientras que la dependencia paraguaya del mercado rioplatense se hizo prácticamente total (Gaona, 1954), capitales provenientes de la Argentina compraron grandes extensiones de tierras fiscales en la zona del Chaco. Resaltaba entre ellos el pionero español Carlos Casado (Rodríguez Silvero, 1987, 117; Dalla Corte, 2009), afincado en la provincia de Santa Fe, que adquirió más de cinco millones de hectáreas de montes y quebrachales con muchas leguas de costa sobre el río Paraguay, dedicándose a la explotación de la madera y la ganadería, y estableciendo un nexo comercial estrecho entre los establecimientos fundados en el Chaco, Asunción, Rosario y Buenos Aires (Seiferheld, 1983, 123 y ss) con una producción de tanino que abastecía los principales mercados norteamericanos y europeos (Dalla Corte, 2008). Aquel latifundio sería heredado por sus descendientes, fruto del matrimonio con Ramona Sastre: uno de los hijos, Juan José Casado Sastre se casó con Laura V. Justo, hermana del presidente Justo. El transporte fluvial, asimismo, estaba en manos argentinas, en especial en las de la Compañía Argentina de Navegación Mihanovich, por cuyas naves entraban y salían del Paraguay la mayor parte de todos los productos. El Ferrocarril Central del Paraguay, cuyo tendido corría mayormente por territorio argentino, era una empresa controlada por capitales porteños (Chiavenatto, 1989, 75). Así, desde fines del siglo XIX, grupos de empresas argentinas y también brasileñas, reforzadas pronto por sustanciales inversiones británicas interesadas en la explotación ganadera (Krauer, 1984, 136), controlaban gran parte del intercambio paraguayo. No faltaron emprendimientos norteamericanos, como la International Products Corporation, compañía que tenía obraje y fábrica de tanino en Puerto Pinasco, en pleno Chaco Boreal (Justo, 1956, 61).

Atendiendo a las razones de la cercanía argentino-paraguaya (Zuccarino, 2016 y 2017), y con el objetivo de encontrar el amparo argentino en el decurso de las negociaciones, la diplomacia paceña se propuso acercarle propuestas atractivas. Aunque existía un interés de vieja data en el desenvolvimiento de la amplia región fronteriza que englobaba el oriente boliviano con el languideciente norte argentino en pos de establecer una corriente de intercambios de productos y de explotación de materias primas que utilizaran la vía del Río de la Plata, incluyendo para lograrlo estudios para el tendido de vías férreas, hasta entonces las conexiones efectivas entre Bolivia y Argentina habían tenido un derrotero sinuoso, de avances, detenimientos y retrocesos. Los gobiernos de Buenos Aires habían arrimado un principio de solución a través de la línea férrea que corría por el oeste, desde Jujuy hasta La Quiaca, proporcionando la salida hacia la inmediata ciudad boliviana de Villazón, que empalmaba con las líneas del Central Norte Argentino, mientras otra vía férrea llegaba hasta la localidad salteña de Tartagal, hacia el este, cerca de la frontera sur de Bolivia. También comenzaba a mencionarse la posible vinculación ferroviaria por Yacuiba. Aún sin trazar los límites fronterizos, databa de mayo de 1883 la firma entre el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, dr. Victorino de la Plaza y el enviado extraordinario y ministro de Bolivia, dr. Modesto Omiste, de un tratado que no fue ratificado, que disponía la realización dentro de sus respectivos territorios de estudios de vinculación ferroviaria (ver Bovi, 2007); Rabbi-Baldi Cabanillas, 2018). Superada la crisis económica de 1890 los gobiernos de Buenos Aires reimpulsaron el propósito estratégico de consolidar la presencia del Estado en zonas de reciente ocupación, llegando a los confines de la nación (Salerno, 2008, 660). Un segundo convenio signado en 1894, fue modificado por otro de 1902 por el cual la Argentina se obligaba a construir un ferrocarril de La Quiaca a la boliviana Tupiza, que aunque ratificado no se gestionó. El 16 de febrero de 1906 se firmó uno nuevo, por el cual el gobierno argentino prometía llevar el Ferrocarril Central Norte hasta Yacuiba, prolongando la línea cien kilómetros en el territorio boliviano y a partir de allí el gobierno de Bolivia construiría la prolongación hasta Santa Cruz de la Sierra, mientras Argentina garantizaría el interés del capital necesario para la obra. En tanto que los rieles llegaron al pueblo de La Quiaca en 1908 -fundada oficialmente el año anterior sobre la base de la población existente- y a Villazón en 1912 (Alcoba Pescador, 2013; Escudé y Cisneros, t. VII, 38), se había firmado en 1907 un nuevo tratado, fijando fechas perentorias para la prolongación del Central Norte hasta Tupiza, pero con motivo de la iniciación de la construcción del ferrocarril de Antofagasta a Uyuni -transfiriendo gran parte del comercio exterior boliviano que históricamente discurría por Salta a través del puerto chileno- se suscribió un protocolo, librando al gobierno argentino de la obligación de construir ferrocarriles en Bolivia[32]. Procurando acercar posiciones, el gobierno de La Paz inició en 1915 el ferrocarril Atocha-Villazón, línea de algo más de doscientos kilómetros concluida una década después, que comunicaba Uyuni con la Argentina, así como mediante empréstitos y contrataciones de empresas extranjeras -francesas, norteamericanas-, logró que se iniciaran los trabajos de la línea Tupiza-La Quiaca, construyendo las ferrovías, los puentes y estaciones, adquiriendo el material rodante y las locomotoras, para recibir el 10 de mayo de 1924 la llegada de las primeras formaciones argentinas al territorio de Bolivia[33]. Gracias al enlace, las capitales de Bolivia y Argentina habían quedado a tres o cuatro días, permitiendo los servicios a través de la línea La Paz-Potosí-San Salvador de Jujuy.

Con la unión ferroviaria, al decir de Cicerchia, se “imaginaba la formación de un ferrocarril de las Américas” y surgieron algunos poblados, crecieron otras localidades y se desarrollaron nuevas actividades económicas (Salerno, 2008, 664; Cicherchia, 2013, 19-20). Aunque la ruta ferroviaria tradicional por el valle de Humahuaca dio lugar a un comercio escaso en principio, tal vez nuevos y más ventajosos convenios podrían intensificarlo (Fifer, 1976, 347). Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial el intercambio se incrementó, en momentos de restricciones en los mercados norteamericanos (Sanz, 1976, 195 y ss).

La vinculación con la frontera norte significaba para los gobiernos de Buenos Aires fijarse en uno de los espacios más postergados del territorio nacional, que constituía un ámbito de actuación, producción e intercambio alternativo al que tradicionalmente le habían propuesto sus relaciones políticas y económicas con el mundo europeo[34]. Por años, aquel interés fue manifestado desde distintos sectores: el diplomático y el de los funcionarios de provincias, que advertían sobre las ventajas de ligarse a la rica geografía boliviana para recoger su comercio beneficiando el Noroeste argentino y favorecerse no sólo de su petróleo, de sus minerales -hierro, plata, plomo, cobre, estaño, wolfram-tungsteno- y de sus plantas secretoras de látex-goma, sino también de la ganadería, del azúcar, el café, el algodón, la quina, las hojas de coca y los productos tropicales[35], y el militar, que veía la conveniencia operativa de favorecer el fortalecimiento de un entramado de rutas terrestres y fluviales que pudiera ser controlado y encauzado por los puertos platinos, así como la creación de intereses compartidos en los límites del norte, ya sea para aprovechar la explotación de materias primas estratégicas como para asegurar la defensa fronteriza. Era pues una política nacional, que estuvo en el ideario de muchos gobiernos durante décadas, pero que careció de un empuje constante, contrariada por posiciones e intereses sectoriales.

Con la Unión Cívica Radical en el poder, superados los tiempos de la Primera Guerra Mundial, el Norte argentino recibió una particular atención. El 6 de febrero de 1922 se suscribió en La Paz entre el canciller Alberto Gutiérrez y el ministro plenipotenciario argentino Horacio Carrillo, una convención compuesta de 18 artículos por la cual la Argentina prometía que realizaría los estudios necesarios para prolongar el Ferrocarril Central Norte desde Yacuiba o sus cercanías, hasta Santa Cruz de la Sierra y disponer además su construcción. Elevada su aprobación al Congreso de la Nación recién en agosto de 1923, el presidente Alvear afirmaba “su convicción de que la obra proyectada tenderá a facilitar las comunicaciones con la República de Bolivia y favorecerá las relaciones entre ambos países” (Presidencia Alvear, 1928, 72), aunque el Ministerio de Obras Públicas aconsejó algunas modificaciones, y fue necesario en noviembre de 1923 un protocolo que las consagrara. Los estudios se debían iniciar dentro del año de ratificada la convención, circunstancia que no se concretó, produciéndose una nueva demora.

Al cumplirse en septiembre de 1925 el Centenario de la Independencia boliviana se firmó en La Paz un convenio complementario de comunicación al de límites acordado el 9 de julio, a fin de mejorar el intercambio comercial, facilitando las salidas de productos bolivianos y el acceso a los grandes ríos de la Cuenca del Plata[36]. Con el concurso de empresas y de particulares que ejecutarían las obras, lo acordado implicaba poner en condiciones de navegabilidad al río Bermejo y la construcción de un puerto en las Juntas de San Antonio. Se convino también la prolongación del ramal ferroviario argentino hasta la zona. La Argentina seguía así a Brasil y Chile con promesas centradas fundamentalmente en la construcción de ferrocarriles de unión que dieran salida al mar a Bolivia (ver: Heredia, 1994; Gómez Zubieta,  2001), a través de sus propios territorios, que aparecían como signo de interés de vinculación económica regional -aunque lo vieran también como designios de absorción.

Aunque durante años, el Ministerio de Guerra realizó numerosos estudios estratégicos sobre la región, por entonces el departamento de Relaciones Exteriores solicitó el asesoramiento de la cartera de Marina -“sus vistas sobre el particular”- para analizar la viabilidad de lo convenido, que conllevaba el propósito de favorecer el crecimiento material de la región[37]. Lo hacía con un sector donde el ideario nacionalista contaba con fervorosos adherentes. El Estado Mayor General de la Marina, dirigido por el contralmirante Carlos Daireaux[38] y donde León Scasso era jefe de Operaciones (ver Besoky, 2014; Zanatta, 2002, 351-3; Capizzano, 2013, 45, 173-5, 236-240)[39] hizo un planteo geopolítico. En 1952, Scasso reivindicó para sí la autoría de estas opiniones[40].

El informe Daireaux-Scasso resaltaba la situación privilegiada que tenía la Argentina en materia de comunicaciones,

nuestro país esta rodeado por varias naciones, a las que les conviene el uso de nuestras grandes vías fluviales para su desarrollo económico. La parte más rica de Bolivia, todo el Paraguay y una extensa zona del Brasil y del Uruguay, tienen en los grandes ríos tributarios del Plata, la salida natural y la más fácil, por no decir única, de sus productos y su riqueza. Esta conveniencia implica necesariamente una dependencia económica y toda dependencia económica crea comunidad de intereses. El colosal desarrollo de nuestro país, por otra parte, lo coloca a la vanguardia del núcleo de naciones americanas [...] un avance en todos los órdenes de la actividad que importa una gran ventaja sobre las naciones limítrofes, ventaja que es difícil pueda descontarse con el andar del tiempo, pero que de todos modos conviene afianzar y agrandar todo lo posible, como la mejor garantía de una hegemonía comercial, industrial y cultural que estamos en el deber de cultivar para mayor grandeza y seguridad de la patria.[41]

Se alertaba al ministro almirante Manuel Domecq García -y éste transmitía al canciller Ángel Gallardo- sobre la preocupación militar que representaban los inestables Bolivia y Paraguay y sobre el accionar de Brasil y de Chile para captar sus rutas comerciales a través de sus propios territorios nacionales, apartándolas del Plata, aconsejando que la Argentina se adelantara con la construcción de ferrocarriles y con la canalización del río Bermejo para hacerlo navegable, obras de magnitud pero indispensables para sacar de su aislamiento a localidades como Yacuiba. Se lamentaba que el tratado de límites firmado con Bolivia introdujera “un punto débil de nuestra frontera”, pero entendía que la soberanía boliviana en el área era ya “cosa consagrada y aceptada desde 1889”: “se sabe que esa zona es riquísima en petróleo así como la zona norte de ella es la más rica del mundo en minerales. Toda esa zona se encuentra hoy aislada y sin comunicaciones fáciles con el exterior”. En referencia a las obras previstas aconsejaba que la construcción del puerto en Juntas de San Antonio, como complementaria del convenio, debía realizarse para que quedara sobre aguas argentinas del Bermejo y no sobre las riveras de los afluentes que daban a Bolivia. Se advertía que era “una obra enorme, que ofrece grandes dificultades, pero que aportaría grandes beneficios a la zona Norte de nuestra República (Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Chaco y Formosa) […] solo por ellos quedaría justificado llevarla a cabo”. Aconsejaba, asimismo, “mantener más o menos argentinizado todo ese territorio”.

En definitiva, el Ministerio de Marina prestaba toda su aprobación al convenio, pero señalaba que siendo la frontera argentino-boliviana continental, al Ejército Nacional correspondía opinar e intervenir en caso de conflicto. Hacía además algunas advertencias: la intención argentina chocaba con los grandes intereses internacionales del petróleo y del acero, complicando “a la Argentina hasta ahora felizmente libre de estas molestias, en la política petrolífera de Norte América, que necesitará fatalmente el petróleo boliviano a su debido tiempo”. Señalaba específicamente a las compañías norteamericanas Standard Oil y la Bethlehem Steel.

En el documento se señalaba que la decisión de convenir con Chile el tendido de vías férreas entre Zapala y los ferrocarriles del sur chileno, y de Salta con el puerto de Antofagasta por vía Huaytiquina -que podía beneficiar la zona sudeste boliviana y también a Chile con sus riquezas- (Benedetti, 2005), sin otro provecho para la Argentina que ser un puente ferroviario entre Bolivia y Chile, contrariaba la propia política económica internacional del país, que tenía el

agravante de poner a Chile en condiciones de poder utilizar el petróleo y demás riquezas bolivianas, dándole facilidades con que nunca hubiera contado y obrando estratégicamente en contra de nuestros intereses nacionales.[43]

Se advertía que el desvío natural de las rutas comerciales, divergentes de las naturales, de Bolivia -así como de Paraguay- también estaba siendo trabajado por el Brasil, ofreciendo una salida por el Estado de Paraná, a través del puerto de Paranaguá. El informe aludía a la necesidad de adelantarse a esas realizaciones, con el objetivo de “poner en acción antes que ellos el programa básico de la política exterior sudamericana”.[44] . Cabe consignar, que desde el Ejército argentino había otras posiciones, que más tendían a la complementariedad y cooperación regional. Por ejemplo, la de Enrique Mosconi.[45] Entonces como coronel, Mosconi afirmaba en ocasión de una visita a Chile por el Centenario de la Batalla de Maipú, en 1918: “hace un siglo nuestros antepasados no hacían botellas, pero fabricaban pólvora y cañones; hoy, ustedes y nosotros, hacemos botellas, pero no fabricamos pólvora ni cañones”. Una década después instaba a hacer realidad la confraternidad chileno-argentina a través de la vinculación económica:

la cordillera nos une y nos incita a perforarla, a vencerla, a extraerle sus riquezas, a utilizar sus energías incalculables, labrando así la grandeza y la felicidad de nuestras repúblicas. (Mosconi, 1957, 237)

IV. LA IMPORTANCIA DEL PETRÓLEO DEL CHACO

Aunque se conocía la existencia de petróleo en Bolivia desde el siglo XIX, ante la falta de capitales para desarrollar la industria, poco se había avanzado en su explotación. En la década de 1920 una nueva época de concesiones atrajo inversores a las sierras que limitaban el Chaco. La Standard Oil de New Jersey fue la más importante de las empresas que obtuvieron derechos para exploraciones petrolíferas en las provincias de Chuquisaca, Santa Cruz de la Sierra y Tarija, a la que se sumaron, por ejemplo, la Compañía Braden, para los trabajos de cateo y exploración petrolera. Sin embargo, desarmando algunos mitos sobre la industria petrolera boliviana, Zuleta escribe:

Para mediados de la década de 1930, aunque existían yacimientos en explotación en Bolivia, el país era comprador de combustibles más que productor o exportador. El grueso de su consumo interno se abastecía de refinados desde Perú, proporcionados por la International Petroleum Company y transportados vía Arica, así como de combustibles procedentes de Argentina. Algunas fuentes registran exportaciones de crudos a Argentina, pero en un volumen muy reducido. (Zuleta, 2011, 2)[46]

En la Argentina había noticias sobre afloraciones de hidrocarburos en distintas zonas de Neuquén, Mendoza, Jujuy y Salta hechas en relatos de viajeros y expedicionarios. Aunque en 1907 operarios del Ministerio de Agricultura de la Nación descubrieron hidrocarburos en Comodoro Rivadavia,

desde finales del siglo XIX, varios emprendedores habían intentado desarrollar una explotación petrolera para destilar querosene y atender el creciente mercado de iluminación en Buenos Aires y otras grandes ciudades. (Risuleo, 2012, 3)

En un contexto de crecimiento de la demanda petrolera mundial y de expectativas sobre las reservas que la Argentina pudiera contener, la creación de la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en junio de 1922 y el nombramiento para dirigirlo de Mosconi meses después, colocaron al Estado como un actor principal de la industria petrolera argentina. Hasta el momento, el país dependía casi totalmente de la importación de combustible, demandado por amplios sectores productivos, con un parque automotor en creciente expansión (ver García Heras, 1985; Ballent, 2005). Poco más de tres años después, Argentina había terminado de construir una destilería en La Plata, obra realizada por la compañía Bethlehem Steel, a la par que se compraba un buque tanque petrolero a Gran Bretaña.

La aspiración argentina por empujar un desarrollo petrolero soberano encontró en el norte, en Salta y Jujuy, la continuidad geográfica que la vinculaba naturalmente con el sur boliviano: en muchas ocasiones los pozos petrolíferos se ubicaban en la frontera, generando fricciones debido a que se suponía que si bien emergían a un lado, muchas veces en el subsuelo serpenteaban hacia el país vecino, adentrándose en Bolivia. Resultaba atractivo contar con un petróleo que viniera a sumarse con los propios suministros nacionales, y en ocasiones los técnicos argentinos colaboraron con las tareas de prospección. Por otro lado, aunque el petróleo boliviano costara más caro, en concepciones militares, “el abastecimiento en retaguardia estaría asegurado” [47].

En aquel núcleo fronterizo argentino-boliviano, sobreponiéndose a ambos estados con su enorme capacidad económica y técnica, desplegaba su accionar la Standard Oil[48]. Mosconi llevó adelante una activa campaña contra el monopolio de la empresa norteamericana (Gadano, 2006, 169), y la acusó de una política de infiltración, al actuar en forma paralela tanto en el sur boliviano como en el norte argentino. No fue el único en denunciar públicamente el accionar “ventajero” de la Standard Oil: el profesor de Derecho Internacional y Política Económica de las universidades de Buenos Aires y de La Plata, Lucio M. Moreno Quintana cuestionó sus actividades en la zona de las Juntas de San Antonio -confluencia del río Tarija e Itaú-, aprovechándose de las correcciones limítrofes de 1925 (Moreno Quintana, 1926, 971). Las fricciones continuaron con la elevación de los aranceles sobre las exportaciones de petróleo boliviano en 1927. No resultó extraño que en 1929 cuando el ministro de Bolivia en Buenos Aires, José María Escalier, pidiera autorización para que la Standard Oil construyera oleoductos para sacar al Atlántico el petróleo y romper el enclaustramiento del producto, “el resultado fue negativo. Había un objetivo claramente expresado y era echar a la Standard de la Argentina y la proposición boliviana pedía más bien su arraigo” (Abecia Baldivieso, 1979, 481. Ver también Mosconi, 1957, 107 y ss; Seiferheld, 1983, 472; Mayo, Andino y García Molina, 1983;Solberg, 1986)[49]. En su reemplazo proponía la construcción a cargo del gobierno argentino de dos oleoductos, el de Aguas Blancas o Embarcación y otro a Formosa, Santa Fe o Campana. Mosconi venía también de enfrentar a la empresa norteamericana en Salta, donde tenía grandes concesiones de tierras para explorar petróleo, y en Jujuy, respaldada por influyentes sectores de las dirigencias provinciales[50]. A las concesiones las consideraba una violación de la soberanía tanto de la Argentina como de Bolivia (ver Mosconi, 1936)[51]. Desplazado Mosconi en septiembre de 1930 por el golpe del general salteño José Félix Uriburu, la Standard Oil recuperaría enorme libertad de acción (Pien, 1999, 96-99) [52].

Para el investigador brasileño Doratioto no interesaba a la Argentina el desenvolvimiento petrolífero boliviano autónomo (Monteoliva Doratioto,1999; Rout, 1970, 46-47) aunque viniera empujado por inversiones privadas. Otros autores señalan la influencia ejercida por las empresas intermediarias británicas que comercializaban en la Argentina los derivados combustibles, para oponerse al progreso de la Standard Oil (Oliveira-Cézar, 2007, 48). Por muchos años, norteamericanos, argentinos y bolivianos coincidieron en sus aspiraciones para explotar hidrocarburos, especialmente en extensas zonas del río Bermejo[53].

Se ha de señalar que siendo la Armada gran consumidora de combustible[54], primero carbón y luego petróleo, indispensables para asegurar la navegación de su escuadra, el funcionamiento de las usinas y por tanto la defensa nacional, había un señalado interés profesional en los planes de prospección, explotación, industrialización y transporte de hidrocarburos (ver Rodríguez, 2000), como por los conflictos y tensiones internas y externas que involucraban a una nación petrolera y vecina.

Iniciadas las operaciones militares en el Chaco, la ocasión de incidir de Scasso llegó cuando a fines de 1933 la Sociedad de las Naciones, por “razones de humanidad”, designó una comisión presidida por el español Julio Álvarez del Vayo para trasladarse al teatro de operaciones de guerra e intentar su terminación. Se propició un proyecto de tratado de paz que contenía entre sus cláusulas una en la que se concedía a Bolivia, a cambio de grandes ventajas de aprovisionamiento económico al Paraguay, un puerto sobre el río Paraguay frente a la ciudad de Concepción, un corredor de 50 kilómetros de ancho a través del Chaco paraguayo, y la salida de toda la producción boliviana por el Paraguay -río internacionalizado como el Paraná-, y libre de todo contralor argentino. Para Scasso, “el único país que realmente salía perdiendo la guerra era la República Argentina”, y conllevaba “destruir o anular las ventajas geográficas de nuestro país respecto a Bolivia, Paraguay y zona adyacente de Brasil”. Al publicarse la propuesta de arreglo de la delegación y añadir la información periodística circulante que el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Argentina “consideraba viable y digna de apoyo la solución proyectada”, Scasso como jefe del Estado Mayor General, y con el propósito de  “colaborar en la solución de la guerra paraguayo-boliviana”, presentó al ministro de Marina, un estudiado informe que llevaba fecha del 14 de febrero de 1934. Tras ello, fueron convocados a entrevistarse con Saavedra Lamas, quién después de una larga conversación, adoptó la opinión de la Marina y de su Estado Mayor[55]. El fracasado proyecto derivó en la constitución de una Comisión de Mediación que habría de promover la solución del conflicto, con el protocolo de junio de 1935.

En aquel documento, Scasso achacaba a la resolución del diferendo por Tacna y Arica entre Perú y Chile[56], que había prescindido de la opinión y el beneficio de Bolivia, y al acaparamiento casi total de la riqueza mineral del sudeste boliviano por parte de los capitales provenientes de Estados Unidos -precedida por lo que calificaba de un control financiero metódico y persistente del gobierno de Washington- las responsabilidades por haber empujado a los gobiernos de La Paz a la guerra con Paraguay[57]. Personalmente había escuchado preguntar en la sesión plenaria del 23 de febrero de 1932 de la Conferencia del Desarme de boca del representante boliviano Adolfo Costa Du Rels si era posible que un país enclavado, tributario en todo tiempo y en toda materia de sus vecinos -que podían ejercer sobre él, “un control, por no decir una sujeción”- pudiera ser compatible con la seguridad internacional[58]. Hallaba vinculación entre esas palabras y el comienzo de la guerra, medio año más tarde. Basado en la conciencia de una superioridad militar sobre el vecino débil -desmentida por los hechos posteriores- y el “legítimo anhelo de obtener la solución dentro de territorio que pueda ser completamente nacional”, Bolivia buscó bien al Norte al resolver la cuestión, apartándose de la ruta que le imponía la hidrografía de la región, “ruta que inevitablemente la llevaba al aprovechamiento de las vías fluviales más próximas, más económicas, más promisorias, más permanentes y accesibles con sacrificios menos cruentos” [59].

Scasso transcribía textos del libro del socialista Augusto Bunge, La guerra del petróleo en la Argentina -publicado en 1933 y que refería la relación entre la creación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y las luchas con la Standard Oil por las concesiones en la provincia de Salta- afirmando que la guerra se había desatado por incitación de la compañía norteamericana, después de la negativa del gobierno argentino de permitir la construcción del oleoducto a través del territorio de Formosa, cuyo control no estaría en sus manos. Para calibrar los intereses norteamericanos en el conflicto, el marino acudía a la

conclusión ya expresada por el general Mosconi de la que se deducen las tres etapas de la política petrolífera de los Estados Unidos en los países sudamericanos: "Penetración sonriente, consolidación cuidadosa e imposición insolente".[60]

Para Scasso, Argentina era la llave del desenvolvimiento y progreso de Paraguay, Bolivia y la zona central brasileña:

nuestro mayor desarrollo cultural nos habilita para mantener esa dependencia impuesta por la Argentina en Paraguay, hoy ya grande, es una prueba de esta afirmación; la tendencia separatista de Tarija es otra y acaso lo es también el estancamiento casi permanente del Mato Grosso.

Hasta el momento, Bolivia “había sido una de las grandes víctimas de la codicia capitalista”, pero entendía que la producción minera y el petróleo boliviano serían imprescindibles en el futuro cercano para la industrialización argentina, y posibles de ser compensados por el grano y la carne que irían hacia Bolivia cuando encontraran fácil comunicación, precediendo la posterior complementariedad de productos industriales. Además, si entonces se importaba petróleo de México y Perú, “países lejanos e incontrolables”, convendría reemplazarlo por el de Bolivia. Con respecto a Brasil, temía que su otorgamiento de una vía férrea para la producción boliviana generara el desarrollo del Mato Grosso y de gran parte del país, y permitiera influir en la cuenca hidrográfica del Plata, independizándose del contralor argentino: “robustecida su potencialidad y acaso apoyada por sus vecinos, flanqueará por el norte a nuestro país, facilitando el ataque en una zona, hoy prácticamente inmune de peligro real”[61]. Desaconsejaba al gobierno argentino franquear la posibilidad de que Bolivia obtuviera una zona propia con salida al río Paraguay, “debe en mi entender, echar todo el peso de su indiscutible posición favorable para evitarlo”. La presencia soberana de Bolivia sobre la costa del río Paraguay modificaría el equilibrio de la política internacional del Río de la Plata, convirtiéndola en competidora en asuntos vinculados al dominio del estuario y de sus canales y afectando los intereses económicos argentinos arraigados en el Paraguay[62]. Para Scasso, a la Argentina le convenía evitar la instauración de un permanente conflicto en el norte de la región pues Bolivia luego podría intentar expandirse hasta el Pilcomayo en detrimento de Paraguay.

Bajo la presidencia del coronel David Toro el petróleo boliviano se puso como baza de intercambio. Toro negoció en octubre de 1936 tanto con Horacio Carrillo, especialmente enviado por Saavedra Lamas a La Paz, como con el Brasil: aquel para tantear la posibilidad de realizar operaciones petrolíferas con la Argentina en el Oriente y con los brasileños, para el aprovechamiento del petróleo de los yacimientos del norte y centro de Bolivia (Brezzo y Figallo, 1999, 340). Meses después, y en su afán por conseguir recursos para superar su gravísima situación material, tras haber reforzado el intervencionismo estatal con la creación de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, Bolivia se hizo con el capital de la empresa Standard Oil[63]. Era, en palabras de Spruille Braden, la primera vez que en América Latina se nacionalizaban las propiedades de una empresa petrolera norteamericana. Eso se combinaba con la negociación de los proyectos conjuntos con los gobiernos brasileños y argentino, gestiones que continuaron a pesar de que Toro fue depuesto por otra asonada castrense en julio de 1937, encabezada por el también oficial de la guerra, coronel Germán Busch (Klein, 1967). Si en Buenos Aires se pensaba que el petróleo boliviano, debido a su mediterraneidad, no tendría más valor que el que pudiera darle en el futuro el capital argentino, contando a su favor con las destilerías existentes en Salta, también Brasil prometía una salida atlántica a través de la construcción del ferrocarril Santa Cruz de la Sierra-Corumbá-Santos. Bolivia puso así a competir a la Argentina y Brasil.

V. MÁS FERROCARRILES PARA LA VINCULACIÓN ARGENTINO-BOLIVIANA: DETERMINACIÓN Y DILACIÓN

En los despachos de la Cancillería argentina, a su vez, estudiando las causas que habían conducido a las hostilidades, se comenzaron a indagar más alternativas que contribuyesen en las decisiones y acuerdos que se fueron negociando, meritando que el clamor boliviano por una salida al mar que eclosionó contra el Paraguay, surgía además del abatimiento producido por la crisis de la plata y el estaño, que había originado desocupación y disminución de importaciones restringiendo las actividades comerciales dramáticamente[64].

Todo ello había conducido a una especie de desesperación colectiva que buscaba en la ofensiva bélica la resurrección de la vitalidad nacional. Con ello, Bolivia se asemejaba más a las prácticas europeas, que buscaban la recuperación de tierras irredentas perdidas por guerras, a través de su compensación por medio de otro conflicto bélico, “de revancha” (Antokoletz, 1929, 17). No obstante, ni siquiera un triunfo militar traería aparejado para los bolivianos la mejora de sus dificultades económicas. Aunque resultaba razonable que pretendiera independizarse de la tutela chilena para llegar al mar por el oeste, la búsqueda en el este de la salvadora comunicación directa con el exterior no ofrecía una vía equivalente. Radicada su industria minera sobre la meseta a una altura cercana a los 4.000 metros, entre las cumbres de la cordillera andina, el rumbo para sacar la enorme masa de minerales estaba fijado ya tradicionalmente en la costa del Pacífico, sobre cuyos puertos habían afluido durante muchos años de un modo exclusivo los enormes cargamentos de minerales, y por la misma vía entraban toda clase de artículos necesarios. Desde el altiplano y los valles bolivianos, los llanos extendidos en el gran ángulo formado por los ríos Paraguay y Pilcomayo, sufrían un gran aislamiento. Viniendo desde el oeste debían salvarse enormes desniveles, debido a la abrupta conformación de las estribaciones montañosas. Y para llegar a encontrar una vía regularmente cómoda, debía irse hasta el extremo sur de Bolivia, bordeando casi el límite con la Argentina, buscando por Villazón y Villa Montes la posibilidad de conseguir una entrada que seguía las sendas tradicionales del comercio.

Para la diplomacia argentina, la comunicación con el exterior por puertos instalados sobre el río Paraguay, no podía repercutir sobre las operaciones de importación y exportación de la Bolivia del altiplano. Se señalaba asimismo, que en la Bolivia chaqueña la población, los cultivos, los yacimientos de petróleo y las explotaciones ganaderas se escalonaban desde Santa Cruz de la Sierra, y bajando por ese valle, tenían en Yacuiba las vías férreas argentinas que podían conducir los productos a los puertos de Formosa, Barranqueras, Santa Fe y si se deseaba directamente hasta los de Rosario y Buenos Aires[65].

Resultaba factible que ciertas cargas de origen boliviano llegadas a Yacuiba, fueran transportadas hasta el ferrocarril argentino y de allí pasando por Ledesma y Perico, de nuevo subidas hasta La Quiaca y Villazón. Los gobiernos argentinos venían encarando obras que consolidaran la vía de Jujuy a La Quiaca en las proximidades de Volcán, punto de peligroso paso donde en los meses de fuertes lluvias estivales, se interrumpían los servicios ferroviarios por las avalanchas de barro que descendían de las montañas circundantes. Se trataba de importantes trabajos de ingeniería, cuyo costo elevado no se justificaba con la intensidad del tráfico en ese momento, pero que razones políticas habían decidido a realizarlas. Al igual que el comercio del ganado boliviano, la industria del plomo en el sur de Bolivia también utilizaba la ruta de la Quebrada de Humahuaca para sus negocios de exportación, aunque había decrecido por el bajo valor del metal en el mercado europeo.

Análogo era el tráfico de petróleo desde la región al norte de Yacuiba al altiplano. Los ferrocarriles argentinos tenían para ese transporte tarifas especiales que permitirían al petróleo bruto, a la nafta y al kerosene llegar hasta La Paz a precios competitivos con el producto extranjero introducido desde Arica[66], y además obligaría a rebajas de los fletes en los ferrocarriles chilenos de Antofagasta. La terminación de la línea de Metán a Barranqueras podía también permitir derivar hasta ese puerto sobre el río Paraná[67], la exportación de minerales de Bolivia, acortándose la distancia a recorrer en ferrocarril y por lo tanto las tarifas.

Insistir en lograr una salida por el río Paraguay implicaba la travesía a través del Chaco de varios centenares de kilómetros de terrenos bajos, anegadizos, cubiertos de enmarañados bosques, donde un camino era tan difícil de construir como de conservar. “No habría pues motivo fundado para suponer que extendida Bolivia en su territorio hasta el río Paraguay, sobre un frente más o menos extenso de este río, pudiera utilizarlo para incrementar su comercio exterior”[68] , se opinaba desde Buenos Aires. Resultaba más plausible persistir con los ofrecimientos de mejoras en el servicio de comunicación ferroviaria.

Todas aquellas razones, impulsaron desde 1934 los avances en los estudios técnicos para arribar a una convención ferroviaria para lograr una salida al Atlántico por el Río de la Plata, la que recién se ajustaría en septiembre de 1937. El propósito era encarar el tendido de un ferrocarril que uniría Santa Cruz de la Sierra con Yacuiba, con un ramal a Sucre, capaz de transportar grandes cargas de minerales, cereales, azúcar, madera, maquinarias, y de contribuir al desarrollo agrícola de la región y sobre todo, favorecer la explotación de los yacimientos petrolíferos. El documento fue suscripto por el canciller Saavedra Lamas y el encargado de negocios de Bolivia en Buenos Aires, Alfredo Flores, disponiendo la creación de una comisión encargada de analizar el trazado más conveniente para construir el ferrocarril y su conexión con los del Estado argentino, en la misma frontera. Bolivia pagaría con petróleo durante un período de cuarenta años, enviado por oleoducto cuando este fuese construido por la Argentina, estudiara la ruta férrea, construyera la línea y proporcionara locomotoras, vagones, rieles. Debía asimismo suministrar la mayor parte de las traviesas de quebracho y parte del personal (Naciones Unidas, 1972, 139). En octubre, funcionarios de los ferrocarriles argentinos conjuntamente con representantes bolivianos realizaron el primer reconocimiento de la zona, inspeccionando el terreno del centro petrolero de Camiri, situado detrás de la cordillera del Aguaragüe (Pereyra, 1990, 19).
El 17 de febrero de 1938 se labró el acta de iniciación de los trabajos técnicos de la línea Yacuiba-Santa Cruz, siendo dividido el estudio en cinco tramos[69] , aprovechando los planos levantados por la Standard Oil en sus tareas de prospección petrolera. Sin esperar la ratificación legislativa, las comisiones empezaron sus tareas en marzo, efectuando reconocimientos taquimétricos sobre caminos, inspeccionando los cursos de los ríos, explorando los terrenos y los bosques que cubrían la totalidad de la zona, en trabajos que resultaron muy duros (Pereyra, 1990, 20). Las dificultades aparecieron ni bien situarse en la zona: se carecía de equipos, hubo que pedir prestados elementos a particulares, el personal boliviano carecía de experiencia o no se conseguían peones. Se pidieron hombres al Primer Cuerpo de Ejército boliviano residente en Villa Montes, sin obtener éxito.

Otra dificultad fue la fijación de un plazo de un año para el estudio en el sector Yacuiba, Boyuibe y Camiri, lugares de lluvias, de gran calor y de heladas, que obstaculizaban los avances. Se apreciaba que se había firmado un convenio sin una idea precisa de las modalidades de la región, de la función e importancia de la maquinaria que hiciera falta y los medios rápidos para proveerlo, de la idiosincrasia del personal que habría de intervenir, de la necesidad de contar con independencia económica y de una autoridad amplia para resolver situaciones de disciplina, de organización interna de campamentos, de asignación de jornales y sueldos, de provisión de víveres, de la necesidad de dejar establecidas las prerrogativas aduaneras. Todas medidas que estaban ausentes de una convención acordada en la comodidad de los despachos ministeriales. A ello había que sumarle el hecho de haber comenzado los trabajos en un período aún de tregua entre los ejércitos boliviano y paraguayo, al punto que en un determinado momento se volvieron a ocupar posiciones con la perspectiva de una reiniciación de las hostilidades. Las barreras militares dispuestas alrededor de Yacuiba, Palmar, Caiza, impedían la libre circulación por la zona, exigiendo pasaportes aún a los miembros argentinos de la comisión. Informaban los técnicos argentinos a cargo de las obras,

queremos dejar constancia de que un gran espíritu de sacrificio y una amplia y humana comprensión de la misión de sana vinculación internacional que entrañaba el trabajo a realizar, permitió mantener en sus filas la tenacidad necesaria para continuar con su cometido.[70]

A pesar de todas las dificultades, al mismo tiempo, la Argentina hacía progresar su ferrocarril desde Tartagal (Salta) hasta Pocitos (estación Salvador Mazza), en la frontera argentina al sur de Yacuiba (Fifer, 1976, 353)[71].

Alcanzar un intercambio comercial fructífero argentino-boliviano tenía grandes desafíos. En materia de industrias la única que generaba expectación era la petrolera, encontrándose anticlinales en una extensión hacia el norte hasta el río Beni de más de mil kilómetros, lo que mostraba entonces a Bolivia como una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Su desarrollo justificaba por sí sola la construcción de un ferrocarril, pero para ello era necesaria la colaboración internacional, siendo el mercado más importante a futuro el argentino, para colocar la producción, por el gran saldo negativo entre consumo y producción propia. Sin grandes poblaciones, se podía deducir que mientras no aumentaran los habitantes de la región mediante la intensificación de los trabajos de la industria forestal y minera y de la ganadería, la importación desde la Argentina no se acrecentaría significativamente -concentrada hasta el momento en artículos básicos como azúcar o harina. Apenas se podía esperar exportar de Bolivia a la Argentina madera y hacienda para invernar, que declinaría cuando se intensificara la cría de ganado en el Chaco salteño.

Casi a la par, el 25 de febrero, Bolivia y Brasil firmaban en Río de Janeiro el tratado de vinculación ferroviaria, que prometía un tendido de 650 kilómetros de rieles entre Corumbá -localidad fronteriza en el estado de Mato Grosso- y de allí al puerto de Santos hasta Santa Cruz. El nuevo acuerdo -que modificaba uno previo de diciembre de 1928- reafirmaba las obligaciones del artículo 7 del tratado de Petropolis del 17 de noviembre de 1903 para la construcción de un ferrocarril que conectara Brasil y Bolivia. Implicaba también permitir los estudios de la zona petrolífera al norte del río Parapetí. El gobierno brasileño lograba reducir la compensación de dos millones de libras a uno, deuda que era producto de la cesión boliviana del territorio del Acre -y que aún no había saldado-, con la obligación de que esa suma se invirtiese en construir el ferrocarril, es decir, lo destinara a llevar el petróleo a su territorio. Como el monto no era suficiente, Brasil había prometido avanzar sumas adicionales para ser devueltas por Bolivia en libras esterlinas, o en el equivalente en petróleo o gasolina y con la garantía de la explotación de las zonas petrolíferas que el ferrocarril pudiera cruzar (ver Ostria Gutiérrez, 1946).

El acuerdo parecía estimulado por el temor brasileño que la Argentina se hiciera fuerte en el corazón de Sudamérica al obtener el monopolio de los campos petrolíferos bolivianos y perfeccionar su vinculación ferrocarrilera con el Río de la Plata.

Los propósitos de derivar los flujos de intercambio boliviano por el Plata y beneficiar el norte argentino del gobierno de Justo incluyeron también el transporte aéreo. Por intermedio del ministerio del Interior y después de la realización de informes a cargo de la Dirección General de Aeronáutica Civil, se había autorizado en abril de 1937 a la Pan American Grace Airways para realizar servicios de aeronavegación comercial de pasajeros, encomiendas y cargas en general entre Córdoba y Villazón, con escalas en Tucumán y Salta, conectándolos con su línea internacional entre Buenos Aires y Miami. La empresa concesionaria fue autorizada, además, para realizar servicios de cabotaje e internacional entre los puntos intermedios servidos por esa nueva línea[72] . Pan American Airways había iniciado en 1929 el servicio Buenos Aires-Miami y a partir de 1938 también operó la ruta Buenos Aires, Monte Caseros, Asunción del Paraguay. Se trataba de aportar una nueva, moderna y rápida vía de comunicación.

VI. GANAR LA PAZ EN EL CHACO

La Argentina fue a elecciones generales en febrero de 1938, aunque no se esperaban grandes cambios en materia de política exterior: el presidente sería el ex ministro de Alvear y Justo, Roberto Ortiz. De origen radical, Ortiz designó dentro de su gabinete -calificado como un elenco moderado y conservador- (Sanguinetti, 1988, 67-8) al ya vicealmirante León L. Scasso al frente del Ministerio de Marina, al general Carlos Márquez como ministro de Guerra y en Relaciones Exteriores, interinamente a Manuel R. Alvarado -que luego pasaría a Obras Públicas- para aguardar la llegada desde Europa en abril de José María Cantilo. Ortiz era acompañado en la fórmula oficialista por quien a su vez había sido titular del ministerio del Interior, Ramón S. Castillo. Se trataba de un jurista y profesor universitario, elegido senador en 1932 por Catamarca, “un típico conservador de las provincias pobres del noroeste” (Azarretto, 1998, 138-9).

Sin embargo, el tiempo de la paz en el Chaco no estaba firme. En abril el gobierno y los militares bolivianos decidieron el envío de una misión reservada compuesta por el ingeniero Dionisio Foianini, presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y el jefe de la Policía, mayor Elías Belmonte Pabón -luego ministros de Minas y Petróleos y de Gobierno, respectivamente. Los acompañaba el agregado militar a la legación argentina en La Paz, mayor Juan H. Mauriño[74]. El grupo hizo una insólita petición ante el Estado Mayor General del Ejército: que la Argentina garantizase que el Paraguay no atacaría a Bolivia y que si se lograba esa promesa, Bolivia anularía el tratado celebrado con Brasil en febrero, entregando el transporte de toda su producción de petróleo a la Argentina[75]. Los rumores que los acompañaban también hablaban que el objeto del viaje era el obtener una tregua de varios años en el Chaco, bajo la garantía de la Argentina, en los cuales se dedicarían a organizar el tema de los combustibles en la región entre Yacuiba y Sanandita, pero que en el fondo les daría tiempo para prepararse para una futura guerra[76]. Pocos meses antes, el 3 febrero -aniversario del combate que librara el general San Martín en 1813- la Argentina inauguraba una nueva e importante destilería en San Lorenzo, provincia de Santa Fe: es decir, avanzaba con sus proyectos petroleros y de comunicación.

En el Estado Mayor, tanto su jefe interino coronel José María Sarobe[77] como el titular de la Sección Política Internacional, teniente coronel Orlando Peluffo[78], que no habían autorizado ni el viaje ni la gestión de Mauriño, opinaron que no les correspondía tratar el asunto. El tema fue sí considerado, ante la ausencia del canciller Cantilo en Chile, por el secretario general del Ministerio, Luis Castiñeiras, quien se entrevistó con Foianini el 2 de mayo. Este le confirmó los deseos bolivianos de obtener una garantía de la Argentina, pues su país no podía soportar más los gastos del rearme y necesitaba la paz para explotar sus riquezas. Le confió “que el general Góes Monteiro, jefe del Estado Mayor del Brasil, en su reciente viaje a Chile había propuesto una alianza llamada de herradura, entre Chile, Bolivia y Brasil. Que con ese motivo se había trasladado a La Paz el agregado militar brasileño en Santiago de Chile”[79] . Todo aquel movimiento se superponía con las gestiones diplomáticas y la firma de convenios, con ofertas que pretendían la intercesión del gobierno porteño para lograr un acceso soberano al río Paraguay. Si Foianini y Belmonte se mostraron partidarios de un entendimiento con la Argentina -objetando en el seno del gabinete del coronel Busch los acuerdos con el gobierno de Río de Janeiro, que consideraban lesivos para la soberanía boliviana-, (Gallego, 1992, 143) el respaldo de Brasil también aparecía como necesario para Bolivia, y la gestión se diluyó. Afirma Moniz Bandeira:

A crença de que o petróleo existia, em quantidade comercial, a leste da linha de hitos, no Chaco Boreal, continuou a orientar a resistência tanto de Bolívia quanto do Paraguai à conclusão de um acordo, não obstante as informações prestadas pela Standard Oil e transmitidas pelo Embaixador norte-americano Spruille Braden, sobre os resultados negativos de suas pesquisas. (Moniz Bandeira, 1998, 183).

Si no era el petróleo, podían ser otros productos estratégicos. Las gestiones y acuerdos habían coincidido con un renovado interés de las Fuerzas Armadas argentinas por asegurar la defensa militar del país, vigorizando su industria siderúrgica, cuyos mayores propulsores estaban entre las grandes reparticiones del Ejército, que insistían en la conveniencia de abastecerse de las reservas mineras de Bolivia. Ya en 1936 se había creado la Dirección General de Materiales del Ejército, mientras en Jujuy donde se habían encontrado yacimientos de hierro, comenzaría a producirse estaño, aunque lejos se estaba aún de prescindir del metal importado para la fabricación de pertrechos de guerra. Años después se fundaría Fabricaciones Militares, cuyo director general ingeniero Manuel Savio propuso crear una amplia red de industrias básicas formadas por sociedades mixtas con el capital privado, destinadas a atender necesidades militares así como demandas civiles (Schvarzer, 1996, 178). Los importantes yacimientos de hierro en la serranía del Mutún, en el extremo este del Chaco en la zona de Santa Cruz, comenzarían a constituir otra perspectiva deseable, entre ilusión y realidad.

Los proyectos de los que participaban Bolivia, Argentina y Brasil, adyacentes a las negociaciones de paz por el Chaco, trajeron como consecuencia la protesta de los representantes paraguayos, mientras el presidente Busch le hizo saber a un enviado de la Cancillería argentina que si esperaba la ratificación del convenio de petróleo y ferrocarril debía inducir a la retirada paraguaya en el oeste del Chaco (Brezzo y Figallo, 1999, cap.  4).

El Paraguay estaba flaco de respaldo de parte de los negociadores para hacer valer territorialmente al máximo el triunfo de sus armas. Aunque en notoria inferioridad de capacidad de seducción de sus materias primas frente a Bolivia, el ministro paraguayo en Buenos Aires quería atraer a Uruguay hacia su posición, ofreciéndole primero una incierta vinculación para el cateo y la explotación futura de hidrocarburos en el Chaco, e incluso una propuesta de acuerdo para la formación de un consorcio comercial paraguayo-uruguayo para el tema del petróleo (Paiva Alcorta, 1983, 149).  A pesar de que no pudo pagárselo con crudo sino con divisas, Bolivia también había cortejado al Uruguay comprándole trigo pagadero en petróleo (Gallego, 1992, 140).

Finalmente, el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre Bolivia y Paraguay se firmó el 21 de julio, aunque se habían logrado consensuar las partes varios días antes. Se entregaba a Bolivia territorio ocupado por Paraguay en las acciones bélicas, con lo que se lo alejaba de sus yacimientos petrolíferos, pero que era vital para la construcción de carreteras o ferrocarriles que pudieran unir el Oriente -y conectarlo con Argentina vía Tarija-, concediéndole un puerto franco en el río Paraguay, en Puerto Casado, bajo soberanía paraguaya. En cuanto al arbitraje ex aequo et bono que se dispuso para trazar los límites definitivos, sibilinamente confiaba a Washington Spruille Braden: “was purposely so phrased as to make it impossible for any-one to define the western zone” (Rout, 1970, 204). Enrique Finot, ministro boliviano en Buenos Aires -y antes canciller-, expresaba que su país había conseguido positiva ventaja, al saber vincularse con el Brasil y aumentar el interés argentino por una aproximación económica efectiva (Ostria, 1946, 134). Bolivia ratificaría los convenios firmados con el gobierno de Vargas, pero aplazaría hasta febrero de 1941 los acuerdos alcanzados con la Argentina (Abadie-Acardi, 1966) [80]: el reconocimiento de la creciente cercanía con Brasil -que expandía sus fronteras hacia el oeste- descartaba la posibilidad de un monopolio argentino en el Oriente.

El 28 de diciembre tuvo lugar en Villa Montes la entrega y toma de posesión de los territorios que una de las partes debía entregar a la otra, mientras la labor material de amojonamiento de la frontera paraguayo-boliviana sería ejecutada sobre el terreno por la comisión mixta demarcadora, presidida por el coronel Baldomero J. de Biedma, director del Instituto Geográfico Militar de la Argentina, e integrada por militares bolivianos y paraguayos[81]. El 23 de enero de 1939 la Conferencia de Paz daba por concluidas sus labores.

VII. CONSIDERACIONES FINALES

Mediaciones, guerra y paz del Chaco involucraron a todos los países del Cono Sur y a sus gentes, al poderoso vecino americano del Norte y a distintas empresas multinacionales. Sus consecuencias se superpondrían con las tensiones que disparó en la región la crisis internacional que desembocaría en la Segunda Guerra Mundial. Bolivia, mientras había protagonizado “la mayor ofensiva para abrir el oriente boliviano” al Plata (Klein, 1993, 391; Gallego Ferrán, 1996), con sus promesas a la Argentina y al Brasil de aprovechamiento petrolífero, disgustó a Chile contraponiendo la posibilidad de una ruta hacia el Atlántico, a la orientada hacia el Pacífico, vía habitual de su riqueza. A su vez, se habían ido sumando resentimientos bolivianos como consecuencia del Tratado de Lima de 1929 entre Chile y Perú y del apoyo chileno en la guerra contra el Paraguay con el solo objeto de ayudarla a obtener su salida por el este, y no insistir en sus reclamaciones marítimas en el Pacífico[82] . Brasil, que recuperaría un protagonismo regional que sentía perdido después de la Guerra de la Triple Alianza, renovaría altas dosis de rivalidad con una Argentina que planificaba, ejecutaba y gestionaba, tanto como se empeñaba en proyectos cuasi grandiosos, confrontados y en ocasiones frustrados por distintos grupos de poder. No obstante, en aquel 1938 en que se firmó la paz del Chaco en Buenos Aires, el militar brasileño Mario Travassos veía “una magnifica expansión del Estado argentino, que cada vez más consolida la irradiación incomparable de su influencia, a la sombra de la misma lengua, de una misma religión y de la continuidad territorial que inspiraron los antiguos virreinatos”. Travassos (1941, 14) lo consideraba un éxito geopolítico, logrado gracias al fomento de las comunicaciones que la Argentina intentó en su relación con Bolivia. Pero el mundo y la región se hallaban a las puertas de otra guerra, esta vez global, que puso nuevamente a interactuar y muchas veces a competir entre sí a los países del Cono Sur.

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