La pandemia del COVID-19 es un eventro crítico que tuvo y tiene aún un alcance mundial que puso a prueba las capacidades de los Estados para tratar con el problema. Los distintos gobiernos desarrollaron múltiples medidas e innovaciones para adaptarse a la situación turbulenta imprevista. Por ello, la profesora Eva Sørensen reflexiona sobre la gobernanza fortalecida que es definida como “un esfuerzo estratégico por parte de los gobernantes para desarrollar la capacidad de mantener o realizar una agenda pública, función o valor ante acontecimientos y procesos turbulentos exógenos y/o endógenos mediante una adaptación flexible y una reorientación pragmática e innovadora de las soluciones de gobernanza".

La pandemia del COVID-19 fue una prueba de fuego para grandes sectores sociales y económicos, pero también fue un gran impulso para el avance de la digitalización en América Latina. Sin embargo, la reducción de la brecha digital y el aumento de las inversiones en infraestructura tecnológica se revelan como las deudas pendientes de la región. Los datos dan cuenta de asimetrías importantes en materia de estrategias, pero también de inversiones en infraestructura e incorporación de tecnologías.

El Plan Gas.Ar es una política pública cuyo objetivo es generar un marco de fijación de precios de largo plazo para el sector de gas natural que se traduzca en compromisos ciertos de inversión para abastecer la demanda interna de hogares y usinas prevista para los próximos cuatro años, y que fue producto de un proceso de negociación con la industria y las provincias hidrocarburíferas que logró atravesar todas las etapas de confección e implementación y que cuenta con una marcada vocación de permanencia y consolidación a partir de un diagnóstico real y certero, una articulación sinérgica entre el sector público y el privado, y una decisión política de las autoridades nacionales.

El objetivo de este trabajo es exponer la problemática del financiamiento de los hospitales universitarios desde el análisis de su normativa, presupuesto y actores sociales involucrados. Un elemento insoslayable es su ubicación en el Ministerio de Educación, un espacio sin un foco específico en estos establecimientos. Algo similar sucede en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) porque solo cuatro instituciones (la UBA y las Universidades Nacionales de Córdoba, Cuyo y La Rioja) tienen hospitales, por lo cual existe poco interés por su funcionamiento, algo evidenciado en la escasez de acuerdos plenarios sobre esta materia. Desde el punto de vista presupuestario se observa que los hospitales universitarios son muy diferentes entre sí, su financiamiento está subestimado en el Presupuesto Nacional y su porcentaje de gastos de funcionamiento es muy superior al de las facultades, rectorados y colegios. Además, los interlocutores entrevistados indicaron que los recursos propios aportados por las obras sociales y el PAMI son fundamentales para solventar las erogaciones de funcionamiento y las plantas de personal son adecuadas pero los salarios son bajos, especialmente para el personal médico. Por último, la inexistencia de relevamientos de información sobre los hospitales universitarios en el marco del Ministerio de Educación y el CIN es una demostración de la falta de una condición necesaria para su mejora. Esta inexistencia también demuestra las dificultades para obtener actores sociales comprometidos con su desarrollo, pese a su crucial importancia en términos de formación de profesionales, realización de investigaciones, prestación de servicios de salud para pacientes sin cobertura y atención de emergencias como las del atentado de la AMIA, la tragedia de Cromañón y la pandemia del covid-19.

Este trabajo es un estudio de Ciencia Básica en las organizaciones que analiza la Cultura organizacional de 170 organizaciones de distinto tipo y además plantea las correlaciones entre tres variables: la relación entre el esfuerzo y el reconocimiento; la valoración en el trabajo y el optimismo respecto al futuro del país.